El cambio climático afecta de manera creciente a nuestra región y el mundo. Los incrementos en las temperaturas medias, así como la mayor severidad de los desastres naturales han generado consecuencias cada vez más críticas para los habitantes de América latina y el Caribe.
Sólo a modo ilustrativo, se estima que el impacto total de los desastres naturales en nuestro continente representó, entre 2010 y 2021, el 0,32% del PBI regional, siendo el Caribe la zona que debió soportar los mayores costos económicos (2,5% de su propio PBI) y la tasa de mortalidad más alta (concentró el 95% de los fallecimientos por esta causa).
Ante esa realidad, desde CAF -banco de desarrollo de América latina creemos en la importancia de conservar los ecosistemas y el capital natural de nuestro continente. Y, en esa misma dirección, se dirige el reporte de Infraestructura en el Desarrollo de América Latina 2022 (IDEAL) que, bajo el nombre «Energía, agua y salud para un mejor medio ambiente», propone el desafío de lograr una transición equilibrada entre las capacidades de la región y sus necesidad ambientales, económicas y sociales.
Con ese objetivo, el 1 de diciembre presentamos, junto al Presidente Ejecutivo de nuestro organismo, Sergio Díaz-Granados, el documento que estudia el rol de esos tres sectores estratégicos para el desarrollo sostenible, y que prioriza la búsqueda de soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático y el calentamiento global en América latina y el Caribe.
El informe explica que la descarbonización es un objetivo estructural en la región, que contempla múltiples intervenciones necesarias para la transformación de un sistema basado en combustibles fósiles en otro centrado en fuentes primarias, con un menor nivel de emisiones y un mayor componente eléctrico. También propone la disminución de la intensidad energética y un incremento de los mecanismos de captura y almacenamiento de carbono (CAC), entre otros.
En el sector del agua, en tanto, plantea la conservación y protección de los recursos hídricos como políticas regionales que deben ser prioritarias, y que además deben implicar un mayor nivel de cooperación, coordinación e integración entre los Estados. En ese sentido, estipula que las políticas públicas deben garantizar la seguridad hídrica, no sólo mediante una gestión integral de los recursos sino también a través de inversiones en infraestructura verde, y tarifas que reflejen costos y fomenten un uso eficiente por parte de la población.
En tercer lugar, la última edición del reporte IDEAL plantea la trascendencia de estudiar los déficits que existen en el sistema de salud latinoamericano y caribeño, y sus dificultades para adaptarse a eventos críticos como fue la pandemia de Covid-19. En esa línea, explica que resulta imperante incorporar las lecciones aprendidas en los últimos años, así como construir capacidades resilientes que permitan fortalecer la red sanitaria, aprovechar los recursos disponibles y lograr una mayor flexibilidad en el sistema. Para ello, resulta crucial el financiamiento para la construcción de infraestructura (que consideramos el motor de desarrollo de ALC), así como la formación de personal, la digitalización, la integración y la reducción de inequidades, entre otros puntos.
En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, 6 y 7, pero también en relación con los otros compromisos estipulados por Naciones Unidas, CAF busca avanzar en agendas ambientales específicas para la región que incorporen las dimensiones de sostenibilidad social y económica. Por ello, nuestro organismo se ha puesto como meta convertirse en el banco verde y de la reactivación económica y social de América Latina, para invertir u$s 25 mil millones en operaciones con beneficios ambientales y climáticos.
La importancia de transformar el paradigma económico actual en un modelo sostenible e inclusivo, que también sea bajo en emisiones y resiliente climáticamente, es una responsabilidad que incluye a todas las áreas de desarrollo de nuestras sociedades. Por eso, desde CAF queremos seguir jugando un papel clave para garantizar la implementación de innovaciones, regulaciones y medidas que mejoren la calidad de vida de las personas.
