La economía global enfrenta crisis y restricciones macroeconómicas que afectarán negativamente a los países de América Latina y el Caribe.
Promover el manejo eficiente del agua, anticipar los eventos climáticos y desarrollar seguros para los productores agropecuarios, permitirían incrementar la resiliencia de los países a este tipo de eventos., advierte Nicole Perelmuter, de CAF.
El sur de América Latina acaba de atravesar el primer “episodio triple” del fenómeno de La Niña del presente siglo. Este fenómeno, que comenzó en septiembre de 2020 y fue catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como la peor sequía desde 1944, ha generado importantes consecuencias a nivel productivo y social, que incidieron en el desempeño económico de los últimos años y marcarán la evolución de la economía durante 2023.
En efecto, la falta de lluvias está impactando fuertemente sobre los sistemas ganaderos, incluyendo reducción en los forrajes y problemas para el abastecimiento de bebida para los animales. Los cultivos registran mermas históricas en sus rendimientos, generando pérdidas para los productores agropecuarios. La prolongada sequía pone en riesgo también la provisión de agua potable para distintas poblaciones de la región e incrementa el riesgo de incendios, lo cual resulta potenciado en un contexto de elevadas temperaturas.
En Argentina, por ejemplo, la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria identificaba en marzo más de 24 millones de bovinos, 11.4 millones de hectáreas y 726.000 hogares en riesgo. A principios de marzo, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las pérdidas por la sequía, sumando la caída de las exportaciones en trigo, maíz y soja y los servicios asociados, rondarán los US$ 19.000 millones (2,8% del PIB). Si se suman las exportaciones de aceites, harinas y biodiesel que se obtienen por el procesamiento de los granos, la caída de las exportaciones se ubicaría en US$ 21.740 millones (3,2% del PIB), un 39,1% menor a la campaña anterior y un 39,6% menos que lo proyectado al momento de las siembras (septiembre).
En Bolivia, el déficit hídrico se hizo sentir a finales de 2022. Desde el sector agrícola local estimaron una baja en la producción de cultivos como la papa, el maíz y el sorgo, y la afectación en las cadenas avícolas, porcina, lechera y ganadera. En diciembre se estimaban más de 102.440 familias y 140.852 hectáreas de cultivos afectados por la falta de lluvias.
El gobierno chileno anunció que el país atraviesa la más profunda y extensa sequía de su historia, en particular en la zona comprendida entre Atacama y La Araucanía. Prácticamente la mitad de las comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de seis millones de habitantes (38% de su población).
En Paraguay la sequía desencadenó una serie de efectos que se tradujeron en 2022 en caída de la actividad económica; mayor desempleo; presiones inflacionarias en alimentos; reducción de las exportaciones del principal cultivo del país (soja) y, por ende, menor ingreso de divisas. Estimaciones preliminares del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) apuntaron a un rendimiento promedio de 979 Kg/ha, el menor registrado en los últimos 25 años durante el primer semestre de 2022. Como resultado, la producción de soja se contrajo 66,1% frente a la campaña 2020/2021.
El caso uruguayo
En Uruguay, a comienzos de febrero la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) estimaba que la sequía actual tendría un costo directo de aproximadamente US$ 1.175 millones (cifra que representa aproximadamente el 1,7% del PIB). En dicha estimación se identificaba a la agricultura del secano como el área más afectada, con un costo de US$ 490 millones y un total de 1.08 millones de toneladas no cosechadas. Le siguen la ganadería de carne, con un costo de US$ 440 millones, resultado de los terneros no nacidos y la pérdida de peso del ganado. Las praderas perdidas tendrán un costo de US$ 145 millones y la lechería US$ 100 millones, debido a la caída en la remisión y el costo de la suplementación adicional. También resultan afectados el arroz, la forestación, la viticultura y la horticultura. Estos costos probablemente serán mayores y podrían ubicarse en torno a US$ 1.800 millones (2,5% del PIB aproximadamente), dado que desde que se realizó la estimación y hasta mediados de marzo, no se registraron lluvias significativas.
En un país en el cual, en promedio, el 97% de la generación de energía eléctrica es de fuentes renovables, la sequía ha obligado a recurrir de vuelta a la generación térmica y más recientemente a la importación. En enero la producción de energía hidráulica de las Centrales del Río Negro y Salto Grande fue solo del 21%, cuando normalmente representa del orden del 45% del total. Producir en base a térmica es costoso, debido a la necesidad de importar combustibles. Además, implica la generación de menor valor agregado en el proceso productivo, y mayor generación de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía. En este contexto, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) comenzó a importar energía eléctrica, fundamentalmente desde Brasil, lo que representa un ahorro respecto a la generación térmica, pero un sobrecosto respecto a la tradicional generación de base hidro.
La falta de lluvias ha puesto en riesgo la provisión de agua potable en distintas ciudades del país. En este contexto, la empresa estatal OSE llegó a prohibir el uso de agua potable para fines no prioritarios en distintas áreas del país, incluyendo la capital, Montevideo.
La cuantificación de estos impactos pone en evidencia la necesidad de tomar medidas que contribuyan a mitigar los impactos de las sequias, de modo de reducir la vulnerabilidad de los países de la región. Promover el manejo eficiente del agua, anticipar los eventos climáticos y desarrollar seguros para los productores agropecuarios, permitirían incrementar la resiliencia de los países a este tipo de eventos.
El apoyo multilateral
En este contexto, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, cuenta con distintos instrumentos de apoyo técnico y financiero para contribuir a mitigar los impactos de las sequías. Dentro de estos instrumentos se destacan recursos de cooperación técnica no reembolsable provenientes del Fondo de Desarrollo Humano (FONDESHU) para atender a las poblaciones más vulnerables frente a este tipo de eventos. Además, CAF puede apoyar con montos significativos de pre- inversión no reembolsables, en el diseño de estudios finales asociados a la ejecución de obras dirigidas a mitigar los impactos generados por la sequía en el mediano y largo plazo. En materia de financiamiento, CAF pone a disposición de los gobiernos líneas de financiamiento de emergencia en condiciones financieras muy ventajosas. Finalmente, y con el objetivo de seguir posicionándose como Banco Verde de la región, CAF otorga beneficios financieros para proyectos que contribuyan a la mitigación de los efectos del cambio climático en los países de la región. El apoyo financiero es complementado con apoyo de los técnicos de CAF, contribuyendo asimismo a socializar experiencias exitosas a lo largo de sus países miembros.
Nicole Perelmuter – elpais.com.uy
Nayib Bukele, a través de Twitter, dio a conocer que presentará una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa salvadoreña la semana que viene. Esta se encuentra enfocada en eliminar los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas con el objetivo de convertir al país centroamericano en un atractivo centro de tecnología.
Bukele prevé que su propuesta de ley ayude a incentivar el desarrollo tecnológico en el país centroamericano.
La propuesta legislativa estará antes de abril, esto ayudará a la fabricación de hardware de computación y las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), de acuerdo con el tuit.
El mandatario no brindó más detalles sobre el proyecto, que deberá ser aprobado por el órgano legislativo del país antes de convertirse en ley.
Asimismo, la Asamblea de El Salvador está conformada en su mayoría por miembros del partido del Gobierno.
Empresarios anunciaron en febrero la creación de la Asociación Bitcoin de El Salvador (Asobitcoin), lo cual fortalece el ecosistema bitcoin del país centroamericano.
Asobitcoin ahora es el nombre que se le da a la asociación de empresarios, entidades de gobierno, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas del país centroamericano.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, indicó que la Asociación Bitcoin de El Salvador, la cual fue creada por los empresarios que conforman el ecosistema bitcoin del país, recibirá el apoyo total del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Hayem expuso que aproximadamente hay 75 empresas que se encuentran registradas en el Banco Central de Reserva (BCR) como proveedoras de servicios bitcoin.
Durante la pandemia por covid-19, los índices de abandono escolar, rezago educativo y cobertura digital insuficiente fueron altísimos para la población de América Latina y el Caribe. Sumado a esto, las transformaciones en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje obligaron a cuestionar los modelos educativos tradicionales, y generaron un nuevo desafío para la comunidad regional, centrado en la formación y capacitación docente constante en herramientas digitales para garantizar una educación virtual inclusiva en todo el continente.
Luego, la salida paulatina del esquema virtual (que introdujo experiencias, en muchos casos, muy exitosas de semipresencialidad educativa) obligó nuevamente a que las autoridades de las instituciones de todos los niveles, el personal docente, las familias y la sociedad civil en general, en relación directa con los Estados nacionales, llevarán a cabo acciones para readaptar los sistemas educativos y llevar adelante la importantísima tarea de revincular a los estudiantes que habían abandonado sus estudios durante la pandemia.
En ese contexto, desde el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) priorizamos una agenda de trabajo que se centró en la expansión de la cobertura educativa a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, con énfasis en el apoyo a estudiantes de familias de bajos ingresos. Para ello, diseñamos un programa de apoyo técnico y financiero a la educación, que se fundó en cuatro ámbitos estratégicos que buscan mejorar el acceso a instalaciones de calidad, perfeccionar la calidad de la instrucción, fortalecer su pertinencia, y estimular la gestión educativa en toda la región.
Asimismo, impulsamos el apoyo a diferentes países de América Latina y el Caribe mediante créditos para garantizar equipamiento, capacitación docente en tecnología e innovación, así como la reducción de las brechas digitales en los sistemas educativos nacionales. En El Salvador, por ejemplo, aprobamos un crédito por 150 millones de dólares con esos fines. Y en Argentina pusimos en marcha el Programa de Universidades por 250 millones de dólares, para el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura en educación superior en ese país.
En cuanto a la producción de conocimiento, trabajamos coordinadamente con organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), junto a quien desarrollamos un diagnóstico pospandemia para los ámbitos de la educación y la ciencia. El informe se centró en los resultados del cierre de la presencialidad, y las capacidades individuales de los países y las instituciones para hacer frente a los nuevos modelos educativos.
Así, se llegó a una serie de conclusiones centradas en la importancia de generar nuevos modelos pedagógicos que sean a la vez más flexibles y personalizados; en el acceso a equipamiento tecnológico por parte de los sectores más vulnerables, con el fin de garantizar las mismas oportunidades para todos; en la formación docente en habilidades digitales; y en el impulso de la investigación científica como herramienta para crear soluciones innovadoras en diferentes ámbitos.
En esa línea, además, lanzamos en diciembre de 2022, nuestro Reporte de Economía y Desarrollo 2022 (RED) sobre las desigualdades heredadas y el rol de las habilidades, el empleo y la riqueza de oportunidades de las nuevas generaciones en América Latina y el Caribe. El informe llega a la conclusión de que existen factores como el lugar de nacimiento, el género, y la pertenencia a determinados grupos étnicos que definen el nivel de progreso, de desempeño socioeconómico, y de acceso a bienes y servicios en materia educativa, laboral y de ingresos de las personas. Y promueve diferentes líneas de análisis para fomentar la construcción de políticas y herramientas que promuevan sociedades más justas y sostenibles.
Sobre estos y otros temas trató el encuentro de 23 ministros de educación de nivel nacional y subnacional de toda la región, y expertos internacionales de distintas instituciones que fue organizado por Fundación Varkey, y se llevó a cabo en la ciudad de Washington DC, del 25 al 27 de enero de 2023.
Pablo Bartol, representante de CAF, aportó la mirada de la institución en el tema educativo y los desafíos de la región en un diálogo abierto con otros bancos de desarrollo y destacó la importancia de estos encuentros donde los ministros acceden a voces calificadas que analizan los sistemas educativos de la región, como Andreas Schleicher, Arne Duncan, o investigadores de Georgetown University, Brookings Institute, entre otros. A su vez, este encuentro les permitió a los ministros reflexionar sobre su propia gestión de los sistemas educativos.
Desde CAF buscamos seguir colaborando con la transformación educativa de nuestro continente, con foco específico en la innovación, la inclusión digital, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Por eso, nuestras intervenciones buscan generar un impacto positivo en el diseño, la implementación y la ampliación de políticas educativas que lleguen a todos los rincones de América Latina y el Caribe, como así también promover foros y espacios de discusión e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de funcionarios públicos vinculados con el diseño y ejecución de esas políticas públicas a través de comunidades y redes.
En Argentina, por ejemplo, destinamos un financiamiento de 540 millones de dólares para las tareas de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)
La recuperación económica mundial post pandemia de COVID-19 generó el mayor aumento de las emisiones de dióxido de carbono, relacionadas con la energía, en toda la historia de la humanidad. Ese incremento fue del 6 por ciento en 2021, y alcanzó los 36.300 millones de toneladas de CO2. En paralelo, durante el mismo año, las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes del sector energético, aumentaron también hasta sus niveles históricos más altos.
Estos porcentajes demuestran que el crecimiento y la recuperación económica se encuentran aún lejos de lo esperado, sobre todo, en términos de desarrollo sostenible y resiliencia climática, y a partir del uso de fuentes de energía renovable que proporcionen las bases para tender hacia una transición energética a nivel global.
En América Latina y el Caribe, puntualmente, el sector energético ha producido, entre 2015 y 2019, el 46 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 66 por ciento de las correspondientes al dióxido de carbono de la región. De la misma forma, el nivel de involucramiento en políticas que garanticen la reducción de emisiones y la descarbonización de las actividades asociadas al sector ha sido dispar y heterogéneo, según cada uno de los países involucrados. Esto se debe a motivos idiosincráticos y a las diversas dependencias fiscales frente al sector de hidrocarburos, pero también al nivel variable de desarrollo económico, y a los indicadores de desigualdad y pobreza en cada caso.
De allí la importancia de trabajar sobre políticas de desarrollo sostenible como las estipuladas por el Acuerdo de París, que comprometió a sus países miembros a encarar procesos de descarbonización multisectorial, con el fin de limitar el calentamiento global para 2.100 entre 1.5 y 2ºC por encima de los niveles preindustriales. En esa línea, se posicionó además la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que propuso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para garantizar el acceso, entre otras cosas, a un energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Desde esa perspectiva, nuestro continente se enfrenta al desafío de plantear una transición energética justa, que permita consolidar modelos locales de desarrollo bajos en carbono y en armonía con la naturaleza. Este escenario requiere necesariamente el despliegue de estrategias puntuales que promuevan, por ejemplo, el uso de fuentes primarias con un menor nivel de emisiones, la aplicación de un mayor componente eléctrico en el consumo, y la adaptación al cambio climático para brindar servicios energéticos eficientes y resilientes.
Con esos objetivos en mente, desde CAF -banco de desarrollo de América Latina hemos desarrollado, durante los últimos años, una serie de acciones estratégicas para promover la transición energética en América Latina y el Caribe. Llevamos adelante, por ejemplo, proyectos de generación de conocimiento y asistencia técnica para acompañar a los gobiernos nacionales y el sector privado en el entendimiento de las regulaciones vigentes, las innovaciones tecnológicas y las potencialidades de la transición energética en cada país.
En 2019 publicamos una revisión de los marcos regulatorios y políticos actuales para la electrificación del sector del transporte público en ciudades como Bogotá, Quito, Montevideo y Santiago (hasta el momento, Chile y Colombia lideran esa estrategia en la región). Además, en los últimos cinco años hemos realizado estudios sobre las interconexiones eléctricas entre países como Bolivia y Paraguay, Chile y Argentina, y Colombia y Panamá para proveer un servicio de financiamiento de proyectos para el sector, que sea estratégico y moderno. Adicionalmente, colaboramos con nuestros países miembros a través de distintas líneas de trabajo, como los análisis de factibilidad para el mejoramiento de la energía que reciben las poblaciones rurales, o la evaluación de alternativas de transición energética que aprovechen la disponibilidad local de energías limpias y renovables.
En materia de infraestructura, en tanto, llevamos adelante en toda América Latina y el Caribe proyectos e iniciativas de envergadura para potenciar sistemas energéticos más justos, seguros y confiables. En Argentina, por ejemplo, destinamos un financiamiento de 540 millones de dólares para las tareas de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que contribuirá, entre otras cosas, a la ampliación en un 25 por ciento de la capacidad del sistema de transporte de gas natural del país. En Perú, financiamos un proyecto por 150 millones de dólares para contribuir al desarrollo de infraestructura que permita conectar cerca de 205 mil hogares al servicio público de gas natural, a través de 490 kilómetros de redes.
América Latina y el Caribe es una auténtica región solución, cuya generación total de electricidad proviene en un 58 por ciento de fuentes de energía renovables. Tenemos centrales hidroeléctricas y generamos crecientes promedios de energía eólica y solar, entre otras fuentes no convencionales como la geotermia y la biomasa, que en conjunto tienen la capacidad de colaborar con la seguridad energética de la región, y cumplir con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad y pobreza energética que afectan todavía a millones de habitantes del mundo.
Para alcanzar la sustentabilidad ambiental de nuestros países en materia energética se necesita una transición justa que cuide y resguarde el bienestar de las comunidades y su acceso a los servicios de energía eléctrica, a la vez que promueva la productividad y competitividad en la producción de energía a nivel regional.
El camino por recorrer todavía es largo, y el compromiso debe ser creciente. Al nivel de los Estados, se necesitan políticas y decisiones que sean consistentes con el límite de temperatura estipulado por el Acuerdo de París; marcos fiscales y planes de adaptación y mitigación al cambio climático; así como el planeamiento, la puesta en marcha y la modernización de proyectos de infraestructura, equipos, redes y tecnologías de cobertura. El sector privado tiene, por su parte, la capacidad de generar condiciones atractivas para atraer capitales y tecnologías externas, así como para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica local. En tanto, es necesario generar una transformación al nivel de la sociedad civil para garantizar un compromiso creciente respecto de la importancia de un consumo responsable.
Como organismo de crédito regional, desde CAF seguiremos aportando herramientas financieras y de asistencia técnica a nuestros países miembros para colaborar, por un lado, con el desarrollo de cada uno de sus procesos en el camino hacia la transición energética, y para promover, por el otro, nuevos paradigmas para el consumo de energías limpias, confiables, y resilientes al cambio climático
El universo ya de por sí volátil de los criptoactivos se ha visto trastocado nuevamente por el colapso de una de sus principales plataformas, lo cual pone de relieve los riesgos que entrañan los criptoactivos sin protecciones básicas.
Estas pérdidas salpican un período ya complicado para los criptoactivos, cuyo valor de mercado ha perdido billones de dólares. El principal de ellos, el bitcoin, ha perdido prácticamente dos tercios del valor máximo alcanzado a finales de 2021 y ha hecho perder dinero a casi tres cuartas partes de los inversionistas, según revela un nuevo análisis publicado por el Banco de Pagos Internacionales en noviembre.
En épocas de tensión, hemos presenciado colapsos de mercado de las criptomonedas estables, los fondos de inversión libre (hedge funds) centrados en criptoactivos y las bolsas de criptoactivos, lo cual, a su vez, ha planteado graves dudas acerca de la integridad de estos mercados y la protección de los usuarios. Además, como los vínculos con el sistema financiero central son cada vez más grandes y profundos, también podrían surgir inquietudes en torno al riesgo sistémico y la estabilidad financiera en el futuro cercano.
Muchos de estos problemas pueden resolverse con una regulación y supervisión financiera más estricta y con la formulación de normas internacionales que las autoridades reguladoras nacionales puedan aplicar sistemáticamente.
En este contexto de graves perturbaciones y trastornos en muchos segmentos del mercado de criptoactivos, y de repetidos ciclos de auge y caída en el ecosistema de esta clase de activos digitales, resulta especialmente oportuna la publicación de dos informes del FMI sobre la regulación del ecosistema de criptoactivos.
En estos informes se abordan las cuestiones mencionadas anteriormente desde dos planos distintos. Para empezar, adoptamos un enfoque amplio, con un análisis de las principales entidades encargadas de llevar a cabo las funciones más importantes del sector; de ahí que nuestras conclusiones y recomendaciones sean aplicables a la totalidad del ecosistema de criptoactivos.
En segundo lugar, nos centramos de forma más específica en las monedas estables y los acuerdos relacionados. Se trata de criptoactivos que procuran mantener un valor estable con respecto a un activo especificado, o un conjunto de activos.
Nuevos desafíos
Los criptoactivos, incluidas las monedas estables, todavía no suponen un riesgo para el sistema financiero mundial, pero sí afectan ya considerablemente a algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo. En algunos de estos países se observan importantes tenencias minoristas de criptoactivos, así como una abundante sustitución de monedas a través de estos, principalmente monedas estables denominadas en dólares. En algunos de ellos se está produciendo una criptoización; es decir, estos activos sustituyen a la moneda y los activos nacionales, eludiendo así las restricciones cambiarias y de control de capitales.
Esta sustitución podría generar salidas de capital y pérdida de soberanía monetaria, además de poner en peligro la estabilidad financiera, lo cual plantea nuevos desafíos para las autoridades. Para abordar las causas primarias de la criptoización, las autoridades deben generar más confianza en las políticas económicas, las monedas y los sistemas bancarios nacionales.
Las economías avanzadas también son vulnerables a los riesgos para la estabilidad financiera derivados de las criptomonedas, dado que los inversionistas institucionales han incrementado sus tenencias de monedas estables, atraídos por una mayor rentabilidad en un contexto, por aquel entonces, de tasas de interés reducidas. Por tanto, creemos que es importante que las autoridades reguladoras gestionen con urgencia los riesgos derivados de las criptomonedas, pero sin sofocar la innovación.
En concreto, formulamos cinco recomendaciones fundamentales sobre la regulación del ecosistema de criptoactivos en dos Notas de Tecnofinanzas: Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Unbacked Crypto Assets (sobre los criptoactivos no respaldados) y Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Stablecoins and Arrangements (sobre las monedas estables y sus mecanismos), ambas publicadas en septiembre.
Dada la rápida evolución de los criptoactivos, a las autoridades de todo el mundo les será difícil contener los riesgos para los usuarios, y algunos países están adoptando medidas incluso más drásticas. Por ejemplo, en África subsahariana —la región más pequeña pero de mayor crecimiento en la negociación de criptoactivos—, casi una quinta parte de los países han decretado prohibiciones de algún tipo para ayudar a reducir los riesgos.
La adopción de prohibiciones generalizadas quizá sea una medida desproporcionada, pero creemos que las restricciones focalizadas arrojan mejores resultados de en materia de políticas, siempre y cuando la capacidad reguladora sea adecuada. Por ejemplo, es posible restringir el uso de algunos criptoderivados, como han demostrado Japón y el Reino Unido. También se pueden restringir las promociones de criptoactivos, como han hecho España y Singapur.
De todos modos, aunque la elaboración de normas internacionales lleva su tiempo, el Consejo de Estabilidad Financiera ha realizado una excelente labor al proporcionar recomendaciones sobre criptoactivos y monedas estables. Muchas de las conclusiones que extraen las Notas de Tecnofinanzas son las mismas, lo que pone de manifiesto nuestra estrecha colaboración y las observaciones compartidas sobre el mercado. El FMI, por su parte, seguirá trabajando con organismos internacionales y países miembros para ayudar a las principales autoridades en este ámbito a atender mejor tanto a los usuarios individuales como al sistema financiero mundial.
