Los conceptos de gobernanza, modernización del Estado e innovación pública juegan un rol central en lo que hace al vínculo entre las instituciones sociales modernas. En ese sentido, las transformaciones que se han dado en los últimos años en el seno de los gobiernos de América Latina y el Caribe promovieron la inclusión de nuevos actores sociales en los órdenes públicos tradicionales.
Así, la noción misma de gobernanza implicó la transformación del concepto de gobierno para promover su apertura a referentes empresariales, de asociaciones civiles y organismos sin fines de lucro, autoridades de organismos de financiamiento, ciudadanos, entre muchos otros. En esos términos, la modernización del Estado y la innovación en la gestión pública fueron efectos naturales de los cambios en las demandas y exigencias, pero también en la participación cada vez más activa que esos segmentos comenzaron a vehiculizar.
De un lado, los Estados iniciaron un camino por adaptar sus estructuras a los nuevos requerimientos sociales, como la aplicación de desarrollos cada vez más inclusivos, productivos y sostenibles. Y, del otro, la ciudadanía renovó su compromiso y participación a través de la búsqueda por fortalecer su acceso a la información pública, así como mediante el estímulo de la eficiencia y el buen funcionamiento de las instituciones.
Respecto de la innovación en la gestión pública, considero que hay tres aspectos centrales que garantizan una experiencia de éxito en ese ámbito. Primero, que el trabajo en pos de promover sistemas internos más eficientes y procesos de organización más robustos necesariamente conlleva mayores grados de inclusión e igualdad para toda la ciudadanía. Segundo, que la participación de los actores sociales en el diseño, formulación y monitoreo de políticas públicas es garantía de una sociedad más justa, menos desigual y con menores niveles de conflictividad social. Y, tercero, que el acceso a los servicios de telecomunicaciones y de conectividad debe ser de calidad y para todos los habitantes de nuestra región.
Sobre estos y otros desafíos discutiremos hoy, durante la celebración anual del XXVII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que se lleva a cabo en la ciudad de Sucre, y congrega a autoridades nacionales, ministros y secretarios de Estado de los distintos países participantes, parlamentarios, investigadores, docentes, referentes de instituciones especializadas, y representantes del sector empresarial.
El objetivo principal del encuentro es compartir miradas, intercambiar experiencias y debatir sobre la reforma del Estado y la administración pública en los países de América Latina y el Caribe. A ese respecto, considero que el propio Gobierno de Bolivia podrá dar muestra cabal de lo que significa e implica llevar adelante una gestión exitosa en términos de estabilidad económica y social para todos sus ciudadanos.
Durante la actividad, tendremos además la oportunidad de dar a conocer las iniciativas y proyectos que llevamos adelante desde CAF-banco de desarrollo de América Latina para proveer herramientas de financiamiento, consultorías técnicas y conocimiento a los distintos gobiernos miembros de la región en la materia.
Estamos convencidos de que el éxito de las gestiones públicas depende del esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad, y por esto desde nuestra organización buscamos articular y generar redes con cada uno de ellos.
En ese sentido, y solo por mencionar algunos de los programas que llevamos adelante en la región, el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública para Líderes y Lideresas de América Latina y el Caribe es una iniciativa conjunta con 17 universidades latinoamericanas que está destinada a autoridades públicas, equipos técnicos, innovadores y representantes de asociaciones civiles. El plan busca fortalecer el conocimiento de esos líderes en áreas tan variadas como la reactivación productiva, sustentable e inclusiva, la transformación digital, la economía circular, la biodiversidad y el cambio climático, entre otros.
También impulsamos programas de transformación digital para robustecer los sistemas públicos en la dinamización de sus ecosistemas, y promovemos la inclusión digital a través de estrategias de acceso a servicios TIC y de educación, teniendo en cuenta las brechas de género que existen en la materia. En cuanto a la digitalización, establecimos a través de nuestro Govtech Lab una serie de herramientas para fomentar la transparencia, por un lado, y reducir las ineficiencias burocráticas y los riesgos de corrupción, por el otro.
Sabemos que aún resta muchísimo trabajo por hacer en términos de gestión y administración públicas en la región, sobre todo en el nivel de la transformación digital, pero estamos convencidos de que la participación y la coordinación de esfuerzos, que ya se están llevando adelante entre los diferentes estamentos de la sociedad, constituyen el primer paso para garantizar sistemas robustos, eficientes y más transparentes.
Desde CAF seguiremos apoyando a América Latina y el Caribe en esa materia, y redoblaremos nuestros esfuerzos para convertirnos en el Banco Verde y de la reactivación económica de la región.
